¿Villalonga el mejor ejecutivo español?

Juan Villalonga, presidente de Telefónica entre 1996 y 2006

Harvard Bussines Review, la revista económica de la Universidad de Harvard acaba de publicar una clasificación con lo que llaman los cien mejores ejecutivos de la historia, en la que aparecen dos españoles. En el puesto 33º se encuentra Juan Villalonga que fue presidente de Telefónica entre los años 1996 y 2000, y en el 37º está Florentino Pérez, presidente de ACS desde 1997. El primero de la lista es el consejero delegado de Apple, Steve Jobs.

La clasificación, la primera que se hace de este tipo en el mundo, se ha realizado en función del retorno a los accionistas -rentabilidad total, sumando revalorización de la acción, dividendos y otros- que han logrado esos ejecutivos durante el tiempo que han estado al frente de la compañía. Así, según los datos del informe, Villalonga consiguió un aumento de la capitalización de Telefónica de 127.000 millones de dólares y un retorno a los accionistas un 252% superior a la media del mercado español y del 219% por encima del sector de telecomunicaciones.

Pérez, por su parte, aparece también destacado porque desde que asumiera la presidencia de ACS y hasta el pasado 30 de septiembre sumó 16.000 millones de dólares a la
capitalización de compañía y el retorno a los accionistas superó un 536% a la media de la bolsa y un 751% a su sector.

En efecto, la clasificación sorprende porque dar el título de mejor ejecutivo de la historia de España a Juan Villalonga mueve, cuando menos, al escepticismo si se conoce la trayectoria del ex presidente de Telefónica y lo que pasó con la compañía poco después de que la abandonara. Acuérdense del peregrinar de Terra y Telefónica Móviles en bolsa, del coste que tuvo para la operadora los concursos para las licencias de telefonía móvil UMTS en Europa o la ruinosa compra de Endemol. También hay que recordar que Villalonga navegó a favor de la corriente bursátil durante su etapa, pues pilló lo mejor de la burbuja tecnológica.

Pero el estudio de la Harvard Bussines Review trae a colación un asunto capital y que ahora se halla en su revisión más profunda: la gestión especulativa en el corto plazo. Por eso creo que hay que matizar mucho esta clasificación cuando se analizan periodos cortos de tiempo. Ocurre lo mismo que con los bonus: si me premian por mi trabajo en los próximos dos años, lucharé por cumplir como sea los objetivos que me han impuesto. Después, me dará igual lo que ocurra con la compañía. Con todo esto, ¿cree usted que Villalonga es el mejor ejecutivo español de la historia?

El pacto educativo es una necesidad económica

Es una de las mejores noticias del final de año: es posible un pacto educativo entre las dos grandes fuerzas políticas española. Lo considero una necesidad también económica. Retomo aquí una entrada a este blog del 22 de abril de 2009, poco después de que el entonces nuevo ministro de Educación, Ángel Gabilondo, declarara su intención de luchar por un gran acuerdo nacional:

Primera reforma estructural: la educación

La educación es uno de los temas prioritarios que aparecen cuando comentas con algún experto en economía sobre las ya manidas reformas estructurales que necesita este país.

Y es así porque la educación tiene una importancia económica primordial. De los frutos que ofrezca el sistema educativo dependen cosas tan importantes como la productividad laboral, la capacidad de innovación, el desarrollo de la I+D, la generación de cuadros medios y directivos empresariales, la aparición de emprendedores...

Caminar, pues, hacia un nuevo modelo de crecimiento pasa por la reorganización del sistema educativo. No esperemos que mientras España ocupe los últimos lugares de los países desarrollados en materia educativa, los abandonemos en potencial económico cuando esos alumnos deficientemente educados se vayan incorporando al mundo laboral y profesional. Es una obviedad, pero hace falta que nos lo recuerden.

Propongo dos puntos de partida sobre los que debería asentarse una reforma en profundidad de la educación en España. Me refiero sobre todo a la enseñanza obligatoria.

-Acabar con la politización. Es el paso previo ante cualquier reforma. Para ello, debería establecerse por ley la obligatoriedad de consensuar las leyes marco que modelen el sistema educativo. Mientras eso no se consiga, seguiremos saliendo a ley de educación por partido en el poder como prácticamente ha ocurrido desde la transición y así es imposible avanzar.

Esta despolitización tendrá que afectar necesariamente a las comunidades autónomas. Hace falta también una 'unidad de mercado' -si se quiere llamar así- en el sistema educativo. Que las comunidades autónomas tengan todas las competencias en materia de educación no quiere decir que legislen contra el Gobierno central. Hay que buscar entre todos el sustrato sobre el que construir.

Al final, el estudiante catalán, andaluz o cántabro va a tener que 'pelear' por un puesto de trabajo en cualquier parte de España -o del mundo, si se me apura- y a ello debe ir encaminado el proceso educativo. Lo contrario sería ir en contra del mismo estudiante y, en definitiva, de la futura generación de riqueza de esa comunidad autónoma.

-Defender y fomentar la libertad de empresa educativa. Cuando conoces un poco la enseñanza privada en España -sobre todo la concertada- a veces tienes la sensación de que le estás arrancando a los poderes públicos el derecho exclusivo de educar y debería ser todo lo contrario. La falta de presupuestos y de ayudas y una legislación demasiado intervencionista convierten en una heroicidad montar y sacar adelante centros privados o concertados. Como ejemplo, valga la última ocurrencia del Gobierno de Cantabria de retirar el concierto a un colegio porque sólo imparte clases a niños.

En cambio, tiene toda la lógica que los poderes publicos impulsen la participación de la iniciativa privada en los primeros niveles del sector educativo. Es más, deberían ser los primeros interesados en su desarrollo y en sufragarla. Seguro que es menos oneroso para el erario, pero sobre todo mucho más en consonancia con la libertad de enseñanza recogida en la Constitución.

Hasta aquí el comentario de abril. Aprovecho para recordar el artículo 27 de la Constitución, que considero el mejor punto de partida para la negociación de ese acuerdo.

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que este de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las Leyes.

9. Los poderes públicos ayudaran a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la Ley establezca.

Al margen: por un mejor 2010
Lo dicho. Es una buena noticia para cerrar un año muy complicado en todos los sentidos. Deseo a todos que 2010 se presente mucho mejor. Al menos, que tengamos fuerzas para superar los retos que nos lleguen y alcanzar los objetivos que nos propongamos.

Krugman dice que España debe bajar los salarios

El Premio Nobel de Economía Paul Krugman, uno de los economistas de cabecera del presidente del Gobierno español, ha escrito en su blog que España no tiene más remedio que reducir los salarios para comenzar la recuperación económica.

El economista norteamericano acaba de escribir una entrada en el blog The Conscience of a liberal que tiene en el diario 'The New York Times' titulada Would cutting the minimun wage raise employment?, sobre el salario mínimo en Estados Unidos. Viene a propósito del debate que se ha abierto en ese país sobre si el Gobierno debe recortar el salario mínimo interprofesional para estimular el mercado de trabajo. De esto se habló en la reunión que tuvo el presidente Obama con empresarios sobre el tema en la Casa Blanca a principios de semana.

La tesis es que el salario mínimo impone un suelo en la negociación de salarios que, irremediablemente, provoca unos costes laborales más altos en los países que lo mantienen respecto a otras que no lo regulan. Krugman sostiene que en Estados Unidos no hace falta rebajar el salario mínimo porque la economía tiene otras palancas para controlar la pérdida de competitividad en caso de aumento de los costes de producción: la fluctuación del dólar, fundamentalmente.

Pero un lector le ha preguntado en el blog si esto sirve también para España. Krugman ha titulado su respuesta Pain in Spain. Y viene a decir: España no puede devaluar su moneda porque forma parte del euro. Sus salarios son demasiado altos en comparación con los de otros miembros de la eurozona, ahora que se han acabado el boom de la construcción y la entrada masiva de capitales. Si la peseta siguiera existiendo, yo aconsejaría una devaluación. Desde que eso no es posible, la rebaja de salarios tiene que tomar el testigo.

El confidencial económico Eurointelligence, del que recojo este asunto, comenta: "Si usted piensa que Paul Krugman estaría más cerca de la izquierda económica, tiene que leer lo que piensa sobre España". ¿Seguirá el Gobierno el consejo del profesor?

Las 'velinas' de Gabilondo y Wyoming en 'La Razón'

Expansión publica hoy la noticia de la inminente fusión entre La Sexta y Antena 3, como repuesta a la también más que probable unión entre Cuatro y Telecinco. La conclusión es que el negocio es el negocio y ante la supervivencia empresarial hay que hacer lo que haga falta.

Bien. Es parte del proceso: el mundo empresarial se mueve y las fusiones como método de crecimiento y ahorro de costes están a la orden del día. Lo que ocurre es que el negocio de los medios de comunicación es 'sui generis' y tiene unos condicionantes distintos a los de la banca, la construcción o las telecomunicaciones, porque su actividad afecta a uno de los pilares de la democracia: la libertad de expresión y de información. Para facilitar esa libertad, potr ejemplo, en España estaba prohibido hasta este verano que un mismo accionista fuera mayoritario en dos cadenas distintas.

Una televisión, querámoslo o no, vende espectáculo -entretenimiento- y vende ideología -información y opinión-. Y, como es lógico, esa ideología -política, social, deportiva, cultural...- la imponen los propietarios de la cadena, que para eso se juegan su dinero todos los días.

Por eso llaman la atención las dos parejas que van a unir en el panorama audiovisual español: El primero será una televisión de Berlusconi y de los Polanco. El grupo editorial que más 'caña' ha dado en España al primer ministro italiano -recuerden la publicación en 'El País' de las fotos de Villa Certosa- no tiene reparos en compartir su línea editorial con el mismo al que no deja de criticar. Veremos cómo a partir de ahora enfoca Gabilondo sus comentarios sobre las andanzas de Berlusconi en la política y en la sociedad italiana.

Lo mismo ocurre con la otra pareja. Los propietarios de 'Público' y de 'La Razón' van a fusionar sus cadenas. Pocos comentarios más hay que hacer. Me imagino a Monseñor Cañizares predicando el triduo de Navidad en La Sexta o a Wyoming presentando las Noticias junto a Matias Prats.

Evidentemente, no estoy haciendo más que es una caricatura de dos operaciones empresariales que pueden tener todo su sentido, pero es bueno pensar que llevarán aparejada una pérdida de pluralidad en la oferta informativa a la que tendrán acceso los españoles. Y eso no es bueno, aunque llegue en breve la TDT.

Medveded se siente periodista porquen tiene un blog...¡uff!

He de reconocer que me preocupa sobremanera el futuro del periodismo. No porque vaya a desaparecer, que no, sino por saber cómo ejerceré mi profesión en los próximos años. Es evidente que las cosas están cambiando de forma acelerada. Se está escribiendo mucho en todo el mundo sobre el futuro del periodismo y la conclusión es que hay muy pocos que sean capaces ahora de prever por dónde irán las cosas.

Y una de las cuestiones que considero más importantes sobre el futuro de la profesión periodística es la 'desintermediación' que provoca Internet. Me venía esto a la cabeza al leer unas declaraciones del presidente de Rusia, Dimitri Medveded.

Medveded tiene un blog desde la primavera de 2008 en livejournal y un videoblog que ahora cumple un año. Con motivo de este aniversario, el presidente ruso ha intervenido estos días en un foro sobre medios de comunicación y al relatar su experiencia ha comentado que el blog "ofrece la posibilidad de sentirte periodista al preparar las respuestas a toda clase de preguntas o simplemente cuando escribes" y ha añadido: "Intento escribir yo y quiero que mi trabajo informativo lleve un determinado sello profesional".

En cierto sentido, el presidente de Rusia tiene razón. La proliferación de blogs y webs informativas lleva a que el periodista profesional sea cada vez menos intermediario entre los centros de poder y de opinión y la sociedad, porque las nuevas tecnologías ponen en contacto a los emisores de información y de opinión con los receptores.

Se produce, pues, una cierta 'desintermediación' que ocurre en todos los niveles: familia, amigos, vecindario, barrio, municipio, empresa, club deportivo, asociación... Y. como dice el presidente ruso, los autores de estos blogs y webs -sean periodistas o no- se afanan por proporcionar un "sello profesional" a su trabajo.

Se podría denominar también este fenómeno 'desprofesionalización' del periodismo: el profesional de la información es menos necesario que antes porque el lector tiene más fácil acudir directamente a las fuentes: políticos, profesores, deportistas, científicos, artistas, asociaciones, organizaciones, administraciones...

Los estudiosos de la teoría de la información y de la comunicación están analizando estos cambios e intentan cuadrar en lo tradicional la difuminación de papeles que está generando Internet. Mi propósito es mucho más pedestre: sólo me gustaría saber, como decía al principio, cómo voy a tener que trabajar para adaptarme a los tiempos. Quizá con las respuestas a estas preguntas pueda hacerme una idea:

¿Tiene un blog? ¿Se siente periodista? ¿Lee blogs, webs o publicaciones similares de otros y se considera con ello suficientemente informado de los temas que le interesan? Por el contrario, ¿seguirá necesitando la prensa conocer y formarse una opinión sobre lo que está sucediendo? ¿Está en juego el papel del periodista y, por lo tanto, del periodismo profesional? ¿Sobrevivira el periodismo pero caerán las empresas informativas tal y como las conocemos ahora? ¿Se reconvertirán? ¿Cómo se hará esa reconversión?

El Gobierno admite que las cajas no funcionan

Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de Caja Castilla La Mancha (CCM),

ex diputado socialista y ex consejero de Castilla-La Mancha.

CCM ha sido intervenida por el Banco de España y vendida a Cajastur.

El PSOE se ha dado cuenta, después de catorce años de Gobierno de Felipe González y de más de cinco con Rodríguez Zapatero, que la presencia de los políticos en los órganos de gobierno en las cajas es incompatible con los criterios de "eficiencia, racionalidad y solvencia financiera" -así lo ha manifestado la vicepresidenta económica-, que deben regir la gestión de cualquier organismo público y privado.

¡Bienvenidos sean los socialistas, con el presidente del Gobierno a la cabeza, al bando de los que consideramos obsoleta, inadecuada y perjudicial para el mercado la estructura jurídica de las cajas! Reconozco que me alegra sobremanera este anuncio de cambio de planteamiento y espero que llegue a buen puerto.

Escribía hace unos meses que éste era el mejor momento para reformar en profundidad las cajas de ahorros y que ese cambio no se tenía que parar en meras operaciones de concentración que, al fin y al cabo, no iban a conseguir más que dar más poder a los políticos que salieran triunfantes en esas operaciones.

En este tiempo de turbulencia financiera el sector ha vivido algunas situaciones muy significativas:

-Hemos visto la primera quiebra -no legalmente, pero sí en la práctica- de una caja de ahorros en la historia de España: Caja Castilla La Mancha. Presidida, además, por un político 'de profesión': Juan Pedro Hernández Moltó.

-Hemos asistido a una brutal interferencia política -de dos facciones del PP- para mantener o retomar el control de Caja Madrid mediante el nombramiento de su presidente.

-Estamos viendo con asombro los argumentos que se esgrimen para las distintas operaciones de concentración que están en marcha. Mandan los gobiernos autonómicos y que nadie piense en búsqueda de rentabilidad, eficiencia o en la mera racionalidad de la operación. ¡Ah! y que a ninguna caja extraña se le ocurra plantar sus reales en mi territorio sin mi permiso.

Da la impresión que con la crisis ha aflorado 'lo peor' que las cajas -no todas, es cierto- llevaban dentro, de tal forma que hasta los más recalcitrantes defensores del statu quo se han visto obligados a rectificar su postura.

El Gobierno ha incluido por sorpresa la reforma de los órganos rectores de las cajas de ahorros en la Ley de Economía Sostenible. De momento, como casi todo el texto, no es más que una mera declaración de intenciones, pero no debe dejar pasar esta ocasión para crear unas nuevas entidades financieras radicalmente ajenas a los poderes políticos.

Banco Liberta, la entidad que ha nacido de la compra de Caja Castilla La Mancha por Cajastur puede ser un buen punto de partida.

Menos Ley de Economía Sostenible y más modernización

El Gobierno ha perdido una ocasión de oro para modernizar la economía española, ahora que tanto se habla del cambio de modelo productivo: la trasposición de la Directiva de Servicios -conocida como Directiva Bolkestein- a la legislaciòn nacional. En la práctica, las denominadas Ley Paraguas -que ya ha entrado en vigor- y Ley Omnibus -que se encuentra todavía en trámite parlamentario- que adaptarán la normativa española a la europea, se van a quedar a medio camino en este proceso liberalizador. Y ahora, el Ejecutivo hacernos creer que una Ley de Economía Sostenible será la panacea que solucione todos los males de la economía española.

La experiencia demuestra que, también en el sector servicios, la liberalización del mercado aumenta la competencia, reduce precios y beneficia al consumidor. España ha notado en sus carnes esta situación desde la entrada en el entonces Mercado Común, en 1985: el 'milagro español -¡qué lejos queda ya!- hubiera sido mucho más complicado sin la libre circulación de capitales, productos y personas que trajo consigo la incorporación a Europa. También en sectores tan tradicionales como el ladrillo: ¿hubieran comprado casa en nuestro país los cientos de miles de ciudadanos alemanes, británicos y nórdicos de otra forma?

Pero, el sector terciario no goza de la misma libertad que los capitales y las personas y la Comisión Europea considera que ese retraso impide una modernización efectiva de un gran número de actividades, que van desde el comercio de bienes hasta los servicios profesionales -abogados, notarios, arquitectos- pasando por la comercialización de energía, los transportes o la educación superior. Con esa intención promulgó en 2006 la Directiva Bolkestein que todos los estados deben tener adaptada antes de que finalice este año.

El Gobierno no ha querido afrontar las barreras nacionales, las trabas profesionales y, sobre todo, los obstáculos de las comunidades autónomas y ayuntamientos, a la libre competencia en el sector servicios. ¿Por qué, por ejemplo, hace falta una autorización administrativa para poner en marcha una línea de autobuses entre Madrid y Mérida, mientras que ese mismo servicio entre Madrid y Lisboa sólo exige una comunicación previa? Recomiendo leer las conclusiones de la intervención ante el Consejo Asesor de Expansión del presidente de la Comisión Nacional de Competencia, Luis Berenguer, el pasado mes de julio.

El mismo Gobierno, pues, que se ha echado para atrás ante determinados intereses en un aspecto clave que habría servido para modernizar una buena porción del sistema productivo quiere ahora hacerlo con una Ley de Economía Sostenible de la que, por ahora, sólo se sabe que va a aumentar los impuestos por la introducción de una supuesta 'tributación verde'. Esperemos al Consejo de Ministros del viernes, pero con estos antecedentes no me haría demasiadas ilusiones.

La Ley de Economía Sostenible que ha aprobado el Gobierno no profundiza en las reformas que necesita el país. Algo más de transparencia en los salarios de los altos ejecutivos no aporta nada a la modernización del tejido productivo; ni más agilidad en los reguladores, mientras sigan siendo nombrados como hasta ahora; ni mejorar determinadas condiciones del alquiler si los jóvenes van a seguir teniendo miedo a la inestabilidad laboral. Como se esperaba, la ley se queda en una intención. Lean el comentario que ha publicado hoty mismo el semanario 'The Economist' sobre la economía española: se titula Insustainable.

Economía sostenible, sí. Inversión en las actividades de futuro, sí. Energías renovables, motores eléctricos o de hidrógeno, investigación sobre nuevos cultivos y plantaciones, obras públicas menos dañinas para el medio ambiente, aprovechamiento del agua y de los recursos naturales... Por supuesto, pero quizá baste con que el Gobierno se 'limite' a facilitar y no poner trabas a todo lo que está haciendo ya la iniciativa privada en estos campos.