El pacto educativo es una necesidad económica

Es una de las mejores noticias del final de año: es posible un pacto educativo entre las dos grandes fuerzas políticas española. Lo considero una necesidad también económica. Retomo aquí una entrada a este blog del 22 de abril de 2009, poco después de que el entonces nuevo ministro de Educación, Ángel Gabilondo, declarara su intención de luchar por un gran acuerdo nacional:

Primera reforma estructural: la educación

La educación es uno de los temas prioritarios que aparecen cuando comentas con algún experto en economía sobre las ya manidas reformas estructurales que necesita este país.

Y es así porque la educación tiene una importancia económica primordial. De los frutos que ofrezca el sistema educativo dependen cosas tan importantes como la productividad laboral, la capacidad de innovación, el desarrollo de la I+D, la generación de cuadros medios y directivos empresariales, la aparición de emprendedores...

Caminar, pues, hacia un nuevo modelo de crecimiento pasa por la reorganización del sistema educativo. No esperemos que mientras España ocupe los últimos lugares de los países desarrollados en materia educativa, los abandonemos en potencial económico cuando esos alumnos deficientemente educados se vayan incorporando al mundo laboral y profesional. Es una obviedad, pero hace falta que nos lo recuerden.

Propongo dos puntos de partida sobre los que debería asentarse una reforma en profundidad de la educación en España. Me refiero sobre todo a la enseñanza obligatoria.

-Acabar con la politización. Es el paso previo ante cualquier reforma. Para ello, debería establecerse por ley la obligatoriedad de consensuar las leyes marco que modelen el sistema educativo. Mientras eso no se consiga, seguiremos saliendo a ley de educación por partido en el poder como prácticamente ha ocurrido desde la transición y así es imposible avanzar.

Esta despolitización tendrá que afectar necesariamente a las comunidades autónomas. Hace falta también una 'unidad de mercado' -si se quiere llamar así- en el sistema educativo. Que las comunidades autónomas tengan todas las competencias en materia de educación no quiere decir que legislen contra el Gobierno central. Hay que buscar entre todos el sustrato sobre el que construir.

Al final, el estudiante catalán, andaluz o cántabro va a tener que 'pelear' por un puesto de trabajo en cualquier parte de España -o del mundo, si se me apura- y a ello debe ir encaminado el proceso educativo. Lo contrario sería ir en contra del mismo estudiante y, en definitiva, de la futura generación de riqueza de esa comunidad autónoma.

-Defender y fomentar la libertad de empresa educativa. Cuando conoces un poco la enseñanza privada en España -sobre todo la concertada- a veces tienes la sensación de que le estás arrancando a los poderes públicos el derecho exclusivo de educar y debería ser todo lo contrario. La falta de presupuestos y de ayudas y una legislación demasiado intervencionista convierten en una heroicidad montar y sacar adelante centros privados o concertados. Como ejemplo, valga la última ocurrencia del Gobierno de Cantabria de retirar el concierto a un colegio porque sólo imparte clases a niños.

En cambio, tiene toda la lógica que los poderes publicos impulsen la participación de la iniciativa privada en los primeros niveles del sector educativo. Es más, deberían ser los primeros interesados en su desarrollo y en sufragarla. Seguro que es menos oneroso para el erario, pero sobre todo mucho más en consonancia con la libertad de enseñanza recogida en la Constitución.

Hasta aquí el comentario de abril. Aprovecho para recordar el artículo 27 de la Constitución, que considero el mejor punto de partida para la negociación de ese acuerdo.

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que este de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las Leyes.

9. Los poderes públicos ayudaran a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la Ley establezca.

Al margen: por un mejor 2010
Lo dicho. Es una buena noticia para cerrar un año muy complicado en todos los sentidos. Deseo a todos que 2010 se presente mucho mejor. Al menos, que tengamos fuerzas para superar los retos que nos lleguen y alcanzar los objetivos que nos propongamos.