La libertad, según Celaá

Quizá no fuera sólo un ataque a la libertad de enseñanza en España el desafortunado comentario sobre la no constitucionalidad de la libre elección de colegio por las familias. Quizá hay algo más detrás de esas palabras, que fueron tomadas por una agresión por quienes habían invitado a la ministra de Educación a su congreso. Porque el discurso de Celaá estaba perfectamente pensado y seguro que la ministra era consciente de sus consecuencias.
Quizá la clave esté en la explicación que ofreció al día siguiente, desde la mesa del Consejo de Ministros: que nadie tema, la libertad de elección de centro docente no está en la Constitución, pero sí en las leyes; recordó que los conciertos son producto de la primera ley de educación socialista de esta etapa democrática y «de momento» -lo repitió dos veces- no peligran.
Lo que hace Celaá es rebajar de precepto constitucional a exigencia legal la libertad de elección de colegio por los padres. Con este planteamiento, bastaría con que otra ley decretase lo contrario para eliminar esa libertad porque el nuevo texto legal no sería anticonstitucional, ya que la Carta Magna no concreta que la libertad de enseñanza suponga la libre elección de colegio. De esta forma, una ley educativa que eliminara los conciertos podría ser perfectamente constitucional.
Apliquemos el mismo discurso de Celaá al artículo 20 de la Constitución, que recoge el derecho a la libertad de información y expresión. En ninguno de sus puntos este artículo clave habla de la libertad de creación de empresas informativas, condición indispensable para que exista libertad de información. Con el criterio Celaá, podríamos decir que la creación de empresas informativas no emana de la Constitución, aunque sí esté recogido en la legislación posterior, basada en la Carta Magna.
Así, con el razonamiento que emplea la ministra de Educación para la enseñanza, de una Constitución que protege y ampara la libertad de información también podrían emanar unas leyes que constriñan o prohíban el establecimiento de empresas informativas. Puede sonar a desmesurado, pero no hago más que trasladar al artículo 20 lo que Celaá piensa del artículo 27.
Lo que da miedo es que este Gobierno, que nunca había atacado así la libertad educativa, haga público este razonamiento falaz apenas horas después de anunciarse el preacuerdo entre el PSOE y Podemos, la izquierda radical y populista poco amante de libertades como la de enseñanza y la de información.

(Publicado en El Mundo el 19 de noviembre de 2019)