El 'cacao' de Bono sobre el aborto

Entiendo y respeto, sin compartirlo, al que defiende el aborto porque considera que el feto no es más que un conjunto de tejidos sin vida propia y que sólo en un estado previo de algo que no se sabe cuándo se puede considerar vida humana. Por tanto, no ve nada punible en la extirpación de esos tejidos cuando haga falta.

Pero no entiendo al que en su conciencia sabe que el no nacido tiene vida propia y, a la vez, piensa que en aras de un supuesto bien mayor, esa vida puede ser eliminada. Me asombra, además, que en este razonamiento se mezcle la religión en un tema que, desde el punto de vista del origen de la vida, es meramente científico, aunque efectivamente de ese principio se deriven consecuencias éticas, morales, jurídicas, psicológicas y sociológicas.

Por eso me ha llamado la atención el artículo que el presidente del Congreso, José Bono, ha publicado hoy en el diario 'El País' titulado 'Aborto: ni derecho ni obligación'. Copio las primeras frases del escrito:

"Se diga lo que se diga, sabemos con certeza que el feto no es un órgano propio de la mujer, sino una realidad distinta de la mujer gestante. El feto es más un "alguien" que un "algo". No puedo negar sin mentirme que tengo la convicción de que en el seno materno se alberga una vida humana en formación que es digna de protección. Estamos ante un valor constitucional. El alto tribunal establece que el feto "en todo caso, es un bien no sólo constitucionalmente protegido sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional".

Con este preámbulo, que podría firmar cualquier activista provida, Bono sólo puede justificar después la introducción del derecho al aborto en España como la legitimación de un mal menor, que viene a decir que cuando se intenta conseguir un bien no pasa nada si por el camino se comete algún acto no demasiado recomendable.

Ese acto no demasiado recomendable es eliminar al no nacido en determinados casos. Y el propio Bono nos recuerda en su artículo que el Tribunal defiende al feto no sólo como un bien constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional".

Ahí está la contradicción que debería explicar el presidente del Congreso: cómo puede considerarse un mal menor una acción encaminada a eliminar lo que él mismo está de acuerdo en considerar "un valor central del ordenamiento constitucional".