La ministra de Hacienda improvisa o miente

"El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Es el punto 3 del artículo 134 de la Constitución, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a incumplir. Esto significa que, con toda probabilidad, habrá que prorrogar en 2021, aunque sea unas semanas, los Presupuestos que Cristóbal Montoro elaboró para el año 2018, en una situación totalmente distinta a la actual, sin pandemia y con una economía en crecimiento.

El recorrido de las cuentas públicas durante el pasado septiembre en boca de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue el siguiente. El miércoles 23 declaraba que "la semana que viene o la siguiente estaremos en condiciones de traer el techo de gasto para que sus señorías puedan empezar el debate sobre la tramitación de los Presupuestos". Según esta afirmación todavía estaríamos a tiempo, porque la segunda semana desde aquel miércoles se cumple el 11 de octubre.

Pero es que el martes 29 de septiembre Montero, tras comentar que "mantenemos el calendario", añadía: "Es pretensión del Gobierno traer en las próximas semanas la aprobación del techo de gasto". Es decir, del ese 11 de octubre que finalizaba la primera fecha que ella misma se dio, Montero retrasó a "las próximas semanas", empezando a contar desde el 29 de septiembre. Un plazo mucho más difuso que podía extenderse sin problemas hasta noviembre, por ejemplo.

A más a más, el miércoles 30 -un día después-, cuando vencía el plazo que da la Constitución para que los Presupuestos lleguen al Congreso, Montero decidía suspender las reglas fiscales para 2020 y 2021, es decir, dejar sin efecto el techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda pública de todas las administraciones. Es decir, esas "próximas semanas" del martes se pasó a un nunca en apenas 24 horas. Con la suspensión de las reglas fiscales Montero consigue agilizar el trámite parlamentario de los Presupuestos porque se quita de en medio el debate de la senda del déficit y del techo de gasto, pero somete a la economía española a un riesgo que no debería asumir.

Hay que decir que el Gobierno cuenta con la laxitud que ha aprobado Bruselas a causa de los estragos económicos que está provocando la pandemia para permitir un cierto descontrol de las cuentas públicas en esta etapa. Pero lo podía haber programado antes, como han hecho muchos de los países de la UE, no cuando se le ha echado el tiempo encima.

Y eso es lo preocupante. En primer lugar, porque habría que saber si Montero ha improvisado en estos diez días sus cambios de criterio. Si tenía claro lo que iba a hacer con la regla de gasto, ha estado engañando a la opinión pública. Y eso es grave. Después, porque la decisión de suspender en 2020 y 2021 las reglas fiscales es hacerse trampas en el solitario, ya que el tremendo descuadre de deuda y déficit que tenemos, y que se incrementará, tendremos que pagarlo antes o después.

Porque el hecho constatable es que entramos en octubre sin techo de gasto, sin objetivo de déficit ni de deuda pública actualizado, sin vislumbrar los Presupuestos, con la deuda en un histórico 110% del PIB y con un déficit creciente, que ya supera los 60.000 millones de euros. Y esto acaba de empezar. Si por lo menos lo estuvieran haciendo bien en el plano sanitario...

(Publicado en El Mundo el 2 de octubre de 2020)

Unos Presupuestos que "no gustarán a la derecha"

Los Presupuestos anuales son algo muy serio para tomarlos como un arma contra el adversario político. Siempre son fundamentales para la marcha del país, pero en plena recesión -propia de una guerra- el Gobierno debe hacer un esfuerzo en concitar el máximo consenso posible para poner en marcha la política económica que exige la precaria situación a la que nos ha conducido la pandemia. Sería ideal que todos los partidos, con los dos más votados a la cabeza, contribuyeran a dotar al país de los instrumentos económicos que necesita para salir cuanto antes de esta crisis que, en la más optimista de las previsiones, va a durar toda la legislatura.

Por eso, no puede ser que el vicepresidente de lo social se jacte de que los Presupuestos que prepara el Gobierno "no van a gustar a la derecha". Da la impresión de que Iglesias, que no se baja de sus planteamientos puramente ideológicos, no sabe de qué va el Covid al seguir planteando la pelea contra las consecuencias económicas de la pandemia como esa lucha de clases que tanto le gusta. Es desesperanzador que se siga haciendo politiqueo barato con la crisis. Gobernar contra alguien es no saber gobernar.

No sé si algunos señores del Gobierno son conscientes de que el Producto Interior Bruto se hundió un 17,8% en el segundo trimestre en términos interanuales, que el consumo privado se desplomó un 24,4%, que la inversión cayó un 24,6%, y que las exportaciones se despeñaron un 38,4% y las importaciones un 33,1%, como acaba de hacer público en Instituto Nacional de Estadística. Es cierto que éstas son las cifras del confinamiento, pero ningún analista piensa que se vayan a recuperar a medio plazo.

Se trata de que la economía vuelva a funcionar al mejor ritmo posible y para ello es imprescindible no excluir a nadie en la recuperación. Pero ya sabemos que esto, ni siquiera en estos momentos dramáticos, es imposible en nuestro país. Pablo Iglesias la goza intentando soliviantar a lo que llama derecha. Incluso con sentencias totalitarias como la que pronunció el miércoles en el Congreso dirigiéndose al PP: "No volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país", como si tuviera en mente que en España ya no se van a convocar más elecciones democráticas.

Esta vez, es el Ejecutivo el que tiene la culpa de no llegar a acuerdos. ¿Cómo va a aceptar la derecha española el ofrecimiento de María Jesús Montero a negociar las cuentas públicas si, a la vez, Pablo Iglesias dice que no van a gustar a la propia derecha, Arrimadas incluida?

Estos Presupuestos son clave para que Bruselas -y todos los países del euro- vean plasmados los planes económicos del Gobierno de coalición español. Y este tema es muy serio. Qué mejor aval para Europa que presentar unas cuentas públicas contra la crisis apoyadas por la mayoría del arco parlamentario, capaces de poner los cimientos de las reformas que de verdad necesita el país.

Estamos ante una coyuntura histórica y le ha tocado a Sánchez lidiar con ella. Sus primeros Presupuestos deberían ser el punto de partida para modernizar el país. Pero la realidad es que a finales de septiembre, de los Presupuestos de 2021 conocemos que ya están «consensuados al 80%», como ha dicho Montero, que serán "expansionistas" (por expansivos), y también sectarios porque «no le van a gustar a la derecha». Así no se hacen las cosas.

A finales de agosto casi todo llega tarde

La segunda ola de la pandemía, que todo el mundo sabía que se iba a producir tarde o temprano, ha llegado en verano y ha pillado a los gobernantes de improviso. Y esto debería ser considerado un delito. La primera vez, puede pasar que se tarde en reaccionar; la segunda denota dejadez, falta de previsión y, por lo tanto, ineptitud. Llevamos con la pandemia desde el comienzo de 2020 y estamos terminando el octavo mes del año. 

A estas alturas de la película, a finales de agosto, los españoles no tienen claro quién lleva el timón de la operación, si el Gobierno o las comunidades autónomas porque, a finales de agosto, el Gobierno descarga en las autonomías la responsabilidad en el control de la pandemia, posibilidad de solicitar el estado de alarma en su territorio incluido. A finales de agosto, cuando llevamos semanas con los casos de contagio disparados, el presidente del Gobierno anuncia que el Ejército se pone a disposición de las CCAA para los rastreos.  A finales de agosto no sabemos los planes de contingencia que tienen preparados las autonomías si en unas semanas se disparan las hospitalizaciones y los ingresos en las UCI. 

A finales de agosto todavía se están anunciando apresuradamente planes para el curso escolar... que empieza en menos de dos semanas, a la espera de una conferencia autonómica sobre Educación que todavía no se ha producido. A finales de agosto, los ministros de Educación  de Universidades no han dado una sola explicación pública sobre el inicio del curso. 

A finales de agosto el presidente del Gobierno propone una reunión con los líderes políticos para coordinar no se sabe qué y determinar una estrategia común ante unos Presupuestos... que en apenas un mes deberían entrar en el Parlamento. 

Por eso, a finales de agosto Bloomberg y The Wall Street Journal nos vuelven a poner como ejemplo de improvisación  y de mala gestión en la lucha contra el coronavirus. Porque, a finales de agosto, volvemos a estar entre los países más castigados del mundo en términos de contagiados por habitante.

No es cuestión de culpar ahora al Gobierno o a las autonomías  de la falta de respuesta adecuada y puntuial. Me parece que se trata de algo más profundo, porque esta crisis ha dejado al descubierto que las costuras del Estado nacido en 1978 se han empezado a descoser. Pero eso puede ser bueno si se aprovecha para reforzarlas.

Los rastreadores 'privados' de Ayuso

El asunto de la contratación del grupo Quirón por 194.000 euros en tres meses para que 22 personas se encarguen de hacer los imprescindibles rastreos de contagiados para prevenir la extensión de la pandemia en cuatro comentarios:

1. Contratar a una empresa privada para un servicio público está a la orden del día en cualquier administración. El tema es que se haga con transparencia, que sea eficaz y que salga más barato al erario.

2. Otra cosa es analizar cómo se llega a ello y por qué la Comunidad de Madrid no ha podido por sí misma proporcionar ese servicio clave para luchar contra la pandemia. La semana pasada no logró voluntarios que trabajaran gratuitamente. 

3. Y si no he hecho mal los números, la Comunidad pagará 2.939 euros por rastreador y mes (lo que no quiere decir que sea su sueldo).

4. Lo que tiene difícil explicación es que la Comunidad justifique esta contratación apresurada de rastreadores en el sector privado en que "no ha tenido tiempo" de organizarla desde el sector público. Porque esta 'segunda ola' o rebrote de los contagios se sabía que sucedería desde mayo.

Y 5. El Gobierno del PSOE y Podemos a través de Aena ya contrató al mismo grupo -junto a otra empresa-  en junio para reforzar los controles en Barajas: el importe en esta ocasión fue de 20 millones de euros. Era imprescindible y lo hizo, como lo ha hecho hoy la Comunidad de Madrid 

Concertada: cuando la ideología prima sobre la reconstrucción

Lo peor que puede pasar es que en este tiempo de la mal llamada reconstrucción, el Gobierno de coalición socialista y populista aprovechara la situación para imbuir de su ideología el proceso. Un proceso en el que se necesita el concurso de todos en la política, en lo económico y en lo social para que esta etapa sea lo más breve y lo menos pernicioso posible para el país, es decir, para los españoles.

Y el Gobierno no lo ha empezado bien. El ataque a la enseñanza concertada es el ejemplo más claro de que está anteponiendo la ideología a la, repito, mal llamada reconstrucción Porque el Congreso, con los votos del PSOE y de Podemos y la oposición del PP, Cs, JxCat y el PNV, ha aprobado que las ayudas públicas necesarias para adecuar los centros a la nueva etapa poscovid-19 solo se repartan entre los colegios e institutos públicos y no llegue nada a los concertados. La ausencia de ese dinero supone un grado más en el ahogamiento financiero de estos centros, sin ninguna razón.

Se da paradoja de que, por ejemplo, colegios públicos situados en zonas con alto nivel adquisitivo sí tendrán acceso a las ayudas, mientras que centros concertados ubicados en zonas más deprimidas -los hay, y muchos- se quedarán sin esa posibilidad. Esto deja a las familias que eligen este tipo de educación para sus hijos como ciudadanos de segunda, porque pagan sus impuestos como los demás y no reciben las mismas ayudas. Además, esa discriminación no se produce en el ámbito estrictamente educativo, sino en una cuestión que afecta directamente a la seguridad sanitaria de los trabajadores, profesores y alumnos de esos colegios. 

¿Qué pasará en septiembre si un centro no puede hacer frente a las exigencias de la nueva situación -que puede suponer incluso contratar nuevos profesores- y las familias de ese colegio no tienen recursos para costearlas? ¿No sería más social repartir esos recursos -si no hay dinero para todos- por los colegios según el nivel de renta de las familias que están en ellos, sean estos públicos o concertados?

El Mundo publica hoy un buen editorial sobre el tema. Y también hay hoy una acertada tribuna sobre la concertada y la libertad de educación en El País.

Sánchez habla de una tasa "contra" las grandes empresas tecnológicas

Se le ha escapado -o no- al presidente del Gobierno esta mañana, en la sesión de control al Gobierno. Respondía a Pablo Casado que el PP no ha apoyado al Ejecutivo durante la pandemia y le animaba a aprobar "la tasa digital contra las grandes corporaciones tecnológicas". Es la primera vez que oigo a un presidente reconocer que un impuesto va contra algo. ¿Se imaginan que hubiera dicho que le ayudara a aprobar el impuesto contra las grandes fortunas que también tiene en mente el Gobierno?

Decía que a Sánchez se le ha escapado esa frase, pero creo que no. Sinceramente, pienso que es lo que algunos miembros de este Gobierno piensan de los empresarios: depredadores que buscan todos los subterfugios para obtener más beneficios a costa de los clientes y de los empleados. 

Es lo que se trasluce del comentario de la ministra de Trabajo. Yolanda Díaz, a propósito del teletrabajo. Ese "a las empresas no les va a salir gratis" la nueva situación denota lo mismo, que Díaz piensa en las empresas como aprovechadas que quieren sacar ventaja del cambio de hábitos laborales, aherrojando más a sus empleados.

Puede que en algunos casos sea así y para evitarlo está la legislación, pero que este Gobierno dé esa sensación de que el empresario es el enemigo a batir y a controlar no hace bien a la economía, justo en el momento en que más falta hace para hacer frente a lo que tenemos encima.

La 'verdad socialista', una forma trapacera de hacer política

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno ha inaugurado este fin de semana la precampaña electoral de Galicia para el PSOE con una afirmación que recogió el propio partido en un tuit: "Todas las CCAA mantuvieron sus competencias. Que no nos engañen. Este Gobierno hizo acopio material sanitario, lo entregó a las CCAA, porque era muy complicado encontrar material en plena pandemia". 

Se refería Montero, en concreto a la polémica sobre la nefasta gestión que se ha realizado en las residencias de ancianos, donde gobiernos autonómicos- sobre todo el de Madrid- y el central se echan las culpas y, lo que es triste, se tiran los muertos a la cabeza. 

La frase de Montero hay que cogerla con pinzas, porque es cierto que no se retiraron competencias a las CCAA, pero también lo es que durante el estado de alarma éstas se subordinaron a lo que dispusiera el Gobierno central. Si no, no se explica, sin ir más lejos, que el propio presidente del Gobierno anunciara el 31 de mayo que "la capacidad de decisión en esta última fase 3 corresponde a cada autonomía". Si Sánchez devolvía esa "capacidad de decisión" a las autonomías es porque antes no la tenían, ¿no? ¿Para qué si no el estado de alarma?

La ministra portavoz conocía todo esto, pero no le importó faltar a la verdad o, mejor, inventarse una verdad. Y me recordó a aquella Carmen Calvo que a finales de 2018 distinguió entre la forma de pensar del Pedro líder de la oposición con la del presidente Sánchez al cambiar de criterio sobre el delito de rebelión de los líderes políticos catalanes encausados por el 1-0. En definitiva, se puede apoyar una cosa y la contraria según las necesidades de cada momento. El discurso del político deja de ser veraz -deja de ajustarse a la realidad- para atenerse a lo que le interese en cada momento. 

No es nueva esta estrategia. Escribí sobre el tema en El Mundo cuando lo de Calvo: "La sorprendente salida de la vicepresidenta del Gobierno el pasado viernes para intentar justificar el cambio de criterio del presidente del Gobierno sobre el delito de rebelión para los encausados por el procés es mucho más que una desgraciada anécdota de quien se queda sin recursos para explicar lo inexplicable. Tiene una inmensa carga de profundidad, por la que Calvo está dispuesta incluso a hacer el ridículo ante los periodistas en la sala de prensa de La Moncloa y ante la sociedad entera. Es el concepto de que no hay más realidad que la que yo creo y, por tanto, la verdad es relativa en función de esa realidad artificialmente creada.
Porque si aceptamos ese cambio de criterio entre lo que en mayo era un delito de rebelión para el líder de la oposición no lo sea cinco meses después para el presidente del Gobierno sólo por el hecho de que ahora es presidente del Gobierno se abre una forma de hacer política sobre la que no se puede objetar nada, salvo su reducción al absurdo".

"Decimos que estamos en la era de la posverdad y de la desinformación -no son conceptos sinónimos- y echamos la culpa a algunos medios o a las redes sociales, como si éstas tuvieran vida propia. Pero también hay muchos gobernantes que intentan tergiversar la realidad para acomodarla a sus intereses. Y esto no es sólo propio de Trump, Bolsonaro, Salvini, Farage o Le Pen. Calvo quiso distorsionar la verdad con el Vaticano y le salió mal. Y el viernes lo volvió a intentar. No son anécdotas. Es una forma trapacera de hacer política". Montero lo ha vuelto a hacer.