Qué es la desinformación

Combatir la desinformación no es un tema que haya surgido de repente para este Gobierno. Ya en su discurso de investidura pronunciado el 4 de enero de 2020, Pedro Sánchez propuso como medida de regeneración democrática una “estrategia nacional contra la desinformación”.

Era la primera vez que este concepto aparecía en un discurso tan importante como el de investidura y podía tener su razón de ser porque todavía estaban recientes en el mundo la victoria de Donald Trump en las presidenciales estadounidenses de 2016 o, aquel mismo año, el triunfo del Brexit en Reino Unido. En ambos casos, según todos los analistas, las campañas de desinformación difundidas a través de las redes sociales contribuyeron a modificar la opinión pública en esos países hacia el lado que casi todos daban como perdedor antes de los comicios norteamericanos o del referéndum británico.

No creo que haya nadie que esté en contra de la erradicación de la desinformación por lo perniciosa que es para la sociedad. Pero para luchar contra ella lo primero es saber qué es desinformación y cómo funciona. El año pasado el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno elaboró un muy trabajado documento titulado Foro contra las Campañas de Desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional que merece la pena conocer. En sus conclusiones, los expertos recuerdan la definición consensuada en Europa sobre la desinformación: “La desinformación, tal y como se define canónicamente por la Comisión Europea, es ‘información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población y que puede causar un perjuicio público". Acto seguido, los autores matizan que “de acuerdo con esa definición, la desinformación como fenómeno se deslinda de la mera información errónea, fruto del desconocimiento o de la falta de diligencia en la procura de la veracidad”, porque consideran que la desinformación tiene que responder a “una clara intencionalidad de dolo o engaño por parte de sus responsables”. Por ejemplo, una información que se publica sin estar suficientemente contrastada y es errónea es una clara negligencia profesional, pero no tiene por qué ser técnicamente una desinformación.

Y, además, del ‘propósito’ de la desinformación, el informe distingue también sobre la forma de difundirla. “Cabría establecer su diferencia con la mera difusión, singular o reiterada, de noticias falsas”, al requerir la desinformación de “una dimensión estratégica, sistemática, que responde al objetivo comercial y/o ideológico de imponer un relato ‘alternativo’ al que se deriva de los propios hechos o, al menos, de generar la suficiente confusión como para sembrar la duda y la desconfianza hacia esos hechos”. En resumen: desinformación es una información dolosamente falsa que se transmite estratégica y sistemáticamente para engañar.

La dimensión “estratégica y sistemática” la explica The Economist en una serie de reportajes que acaba de publicar sobre la desinformación y la forma de combatirla. La revista recuerda que, durante muchos años, la forma estándar de esparcir noticias falsas, era “utilizar cientos o miles de cuentas de redes sociales, controladas por una sola pieza de software, para difundir el mismo mensaje o enlace, dar ‘me gusta’ o compartir publicaciones particulares. A gran escala, este “comportamiento no auténtico coordinado” puede engañar a los algoritmos en una red social como Facebook o X haciéndoles creer que hay una oleada de interés o apoyo a un punto de vista particular”.

La cosa ha cambiado y, desde hace un par de años, las campañas de desinformación son distintas. “Dirigidas por entidades como empresas de márquetin o granjas de trolls, publican en una variedad de redes sociales y plataformas de blogs y crean sitios web falsos completos. Estos sitios presentan en su mayoría artículos inocuos, generados por inteligencia artificial, pero con desinformación mezclada. En lugar de utilizar cientos de cuentas falsas para promocionar material falso, ahora la distribución se basa en cuentas de redes sociales, llamadas ‘difusores’, con un gran número de seguidores”. Las cuentas de difusión consiguen seguidores publicando sobre temas como fútbol y otros deportes, vídeos de situaciones divertidas o trágicas o presentando mujeres con poca ropa. Y poco a poco van mezclando esos contenidos con noticias falsas sobre temas empresariales o políticos.

Entiendo que este concepto de desinformación del que hablan los expertos no tiene demasiado que ver con el que está usando estos días el presidente del Gobierno. Y es curioso que Pedro Sánchez nunca mencione las grandes plataformas por las que realmente se difunden las noticias falsas y se refiera más a medios -o ’pseudomedios’- que diseminan falsedades. Evidentemente que hay que actuar con el Código Penal por delante contra los medios y páginas webs que difaman o calumnian, como se ha hecho siempre por quien se ha considerado agredido por la prensa, pero eso no justifica las veladas amenazas al hacer de la prensa y de los periodistas de los últimos días.

Vuelvo al principio. Lo único que ha cambiado en el panorama informativo español en las últimas semanas ha sido la aparición de las actividades de Begoña Gómez en las noticias. Antes de ello existían las mismas webs que ahora, y los mismos medios.

Sin embargo, Sánchez y la propaganda oficial es ahora cuando intentan sembrar la duda en la opinión pública sobre la labor de la prensa, intentando pasar como desinformación lo que es información crítica sobre el Gobierno y su trabajo. ¿De quién nos podremos fiar si la prensa solo publica bulos u noticias engañosas? María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, lo ha expresado con otras palabras: “Para acabar con la libertad de expresión basta con convencer a la sociedad de que la prensa es sospechosa”.

Conseguir una prensa libre y fuerte debe ser una aspiración de la sociedad y los propios medios son los primeros interesados en conseguirlo. Por eso hacen falta iniciativas que impulsen su verdadera misión de defensa de la democracia ante posibles imposiciones de los gobiernos. El Observatorio de Medios, promovido por las fundaciones Haz y Ethosfera, que promueve la cultura de la gobernanza y la transparencia es una de ellas, porque cuanto más transparentes sean los medios ante la sociedad, menos sospechas recaerán sobre ellos.

(Publicado en Revista Haz el 7 de mayo de 2024)

El riesgo reputacional del ecopostureo

El ecopostureo o ‘greenwashing’ se ha colocado en primera línea informativa. La aerolínea holandesa KLM ha sido condenada por un tribunal de su país por ecopostureo y, en España, Iberdrola ha demandado a Repsol por esta misma razón.

Ecopostureo es la traducción al español del término inglés 'greenwashing' que está haciendo más fortuna. De hecho, es una de las palabras recomendadas por la Fundéu para traducirla en textos en castellano: “Las expresiones ecoimpostura, lavado de imagen verde o ecopostureo, más coloquial, son algunas alternativas válidas a la voz inglesa 'greenwashing', que alude a cierta estrategia de mercado que utilizan algunas empresas para aparentar ser más respetuosas con el medioambiente de lo que en realidad son”, dice la Fundación. Y al hilo de este comentario, no sería de extrañar que la Real Academia la admitiera en futuras revisiones del diccionario. Porque la vamos a empezar a oír muy a menudo.

La verdad es que ‘ecopostureo’ me parece mucho más adecuada en castellano que greenwashing en inglés al hacer referencia directa a ese intento de engaño que tiene todo postureo: “Actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción”, lo define el Diccionario de la Lengua Española.

Bien. Pues el ecopostureo ha sido noticia en la prensa financiera en las últimas semanas. La aerolínea holandesa KLM acaba de ser condenada por un tribunal de su país por ecopostureo. Ha sido tras la demanda presentada por la organización ecologista Países Bajos Libres de Fósiles, que consideró que la campaña lanzada en 2019 bajo el lema ‘Fly Sostenibly’ hacía ver a los consumidores que la línea aérea hacía más de lo que realmente hace para abordar seriamente el problema de la contaminación aérea.

El tribunal dictaminó que la mayoría del contenido de la campaña de KLM es “engañoso”. Por ejemplo, los jueces han considerado engañosas afirmaciones como que la compañía está avanzando hacia “un futuro más sostenible” compatible con los objetivos climáticos de París, o que sus clientes pueden “compensar” el impacto ambiental de su vuelo. Según los jueces, la aerolínea utiliza en su comunicación generalizaciones y vaguedades sobre los beneficios medioambientales con las que está engañando a los consumidores y, por tanto, cometiendo una ilegalidad.

KLM ha sido condenada. El tribunal no le ha puesto ninguna multa, pero su reputación ha sido afectada. Se trata, además, de la primera sentencia por este motivo a una línea aérea y todo hace pensar que va a sentar un precedente cuando otras aerolíneas diseñen sus campañas de publicidad o de imagen corporativa. Porque la reputación de KLM se ha visto afectada.

En España estamos viviendo un episodio que en parte es similar y en parte muy distinto. Similar porque se trata de una denuncia a una empresa por ecopostureo. Muy distinta porque esa demanda no la ha protagonizado un grupo ecologista, sino una compañía competidora, en una decisión totalmente inusual porque no se conocen enfrentamientos así entre empresas del mismo sector. Ataques directos de este tipo son frecuentes, por ejemplo, entre directivos de equipos de fútbol -acusaciones flagrantes de adulteración de la competición- o entre dirigentes de partidos políticos -tirándose a la cara unos a otros la corrupción- pero es rarísimo encontrarlo entre empresas competidoras… hasta ahora.

Iberdrola, la mayor compañía energética española, presentó el pasado 21 de febrero una demanda contra Repsol, la segunda, porque esta está realizando campañas de publicidad en la que se presenta como una compañía sostenible, que lidera la transición energética y que trabaja por la reducción de la huella de carbono cuando es “la empresa de España con mayor emisión de gases de efecto invernadero”. En su demanda, Iberdrola recuerda que la petrolera ya ha tenido que retirar una campaña que decía: «En Repsol desarrollamos biocombustibles y combustibles sintéticos para conseguir cero emisiones netas». Conviene recordar que Iberdrola es una empresa eléctrica y Repsol, una petrolera.

Repsol niega las acusaciones y afirma que la demanda es fruto del “nerviosismo” de Iberdrola, que está perdiendo clientes en un mercado cada vez más competitivo. Por ejemplo, Repsol cuenta ya con 2,1 millones de clientes de electricidad y es la cuarta comercializadora del país, tras captar 246.000 en 2023.

La justicia determinará quién tiene razón de las dos empresas. Pero la sentencia contra KLM y la demanda de Iberdrola indican la importancia creciente de ‘lo verde’ en la vida de las empresas. Hasta tal punto que se puede usar contra la reputación corporativa. Es lo que ha manifestado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera: “Esta demanda confirma que lo verde tiene un valor de mercado, y que es recomendable ser exigentes y evitar confusión o publicidad engañosa”. Al margen de que se le haya criticado a la ministra su clara toma de partido por Iberdrola en esta disputa, tiene razón en que “lo verde tiene un valor de mercado”.

Ya hay casos de denuncias por parte de asociaciones ecologistas a empresas de compraventa de ropa de segunda mano que exageran en sus comunicaciones ese loable objetivo del reciclaje textil para erigirse en las empresas más sostenibles del planeta. O advertencias a bancos que, mientras informan en sus memorias a sus accionistas y al público en general de sus maravillosas actividades sostenibles -reducción del consumo de papel, teletrabajo que elimina desplazamientos, o ayudas a la reforestación gracias a un porcentaje de los créditos concedidos-, a la vez financian proyectos empresariales claramente nocivos para el medio ambiente.

¿Y no se han dado cuenta que los bricks o las botellas de plástico que usa cotidianamente ahora son todos ecofriendly? En otras palabras, ¿qué significa realmente ese “apoyando la silvicultura sostenible” o aquel “botella 100% emisiones netas cero” que es cada vez más frecuente encontrarse en determinados envases? ¿Existe ahora alguna forma de conocer si estas expresiones se ajustan a la realidad?

No sabemos hasta dónde llegará la demanda de Iberdrola contra Repsol, pero está claro que ha puesto en primera línea informativa un tema de interés para las empresas y los consumidores. Los expertos dicen que las normas que está aprobando la UE van a dificultar mucho más el 'greenwashing' en todos los sectores de actividad porque va a exigir mucha más claridad de las empresas y de los organismos en sus comunicaciones con la sociedad y determinará sanciones ante incumplimientos. Todo ello es positivo y lleva a una conclusión: el riesgo reputacional de practicar el ecopostureo va a crecer exponencialmente en los próximos años.

(Publicado en la revista Haz el 2 de abril de 2024)

La angustiosa búsqueda de ingresos por parte de las empresas informativas

La mayoría de las empresas informativas en todo el mundo luchan por sobrevivir mientras estudian nuevas formas de ingresos que palíen las caídas de ventas y de publicidad. Años después de la irrupción de internet, todavía no se ha conseguido un modelo de negocio sostenible. En el pago por derechos de autor por parte de las grandes plataformas y de las empresas de inteligencia artificial puede haber una esperanza.

El Observatorio de Medios, una iniciativa de autorregulación de los medios de información en España impulsada por las fundaciones Ethosfera y Haz, presentó a principios de enero los resultados del informe Paying for news: what Google and Meta owe US publishers. Al acto acudieron altos directivos de editoras de medios españoles como Prisa, Vocento, Godó, Henneo o Atresmedia, preocupadas todas por la sostenibilidad financiera de las empresas informativas.

El informe ha sido elaborado por profesores de las universidades de Columbia y Houston y ha diseñado una metodología para calcular la compensación económica que Facebook (Meta) y Google Search deberían pagar a los editores de noticias por el uso de su contenido, en caso de que la propuesta legislativa Journalism Competition & Preservation Act entrara en vigor en Estados Unidos.

Esa metodología, basada en cálculos de los ingresos de las plataformas por la publicidad aneja a las noticias de medios que recogen, concluye que Google debería pagar a los editores estadounidenses alrededor de 10.000 millones de dólares al año y Facebook unos 2.000 millones para compensarles. El estudio concluye que “los acuerdos existentes entre estas plataformas y los editores de noticias no reflejan el valor total generado por el contenido de noticias en las plataformas”.

Artículos para entrenar robots de IA

Ahora, ese robo de contenidos gracias a las nuevas tecnologías se ha trasladado a la inteligencia artificial (IA) y ha provocado de nuevo protestas desde los medios. El principal exponente de este malestar ha sido la demanda de The New York Times contra OpenAI y Microsoft por utilizar los contenidos del periódico para entrenar a ChatGPT y Microsoft Copilot sin tener los derechos y sin permiso. En la demanda, The New York Times afirma que el “uso ilegal del trabajo de The Times por parte de Microsoft y OpenAI para crear productos de inteligencia artificial que compitan con él amenaza la capacidad del diario para prestar ese servicio”.

El camino judicial no es el único emprendido para conseguir que las tecnológicas paguen. Australia y Canadá han aprobado legislaciones para forzar a las plataformas a llegar a acuerdos justos con los medios, y se espera que en 2024 aumenten las alianzas de editores de todo el mundo para obtener pagos de Google, y posiblemente de Meta, siguiendo el Código de Negociación de Medios de Comunicación de Australia, aprobado en 2021.

Hay que recordar que España fue pionera en 2014 en obligar a Google a pagar derechos de autor a las empresas informativas por usar sus contenidos en el buscador. Pero la iniciativa terminó en nada. La respuesta entonces de Google fue cerrar el servicio Google News en España –el único país del mundo donde lo ha hecho– y no enlazar noticias, porque no estaba dispuesto a pagar. El resultado fue una caída del tráfico de las webs. En 2021, al trasponer la directiva europea de derechos de autor se eliminó esa obligatoriedad y el pago de los contenidos quedó circunscrito a acuerdos bilaterales entre las empresas informativas y Google, que tampoco han servido para nada porque los acuerdos presentan muchos problemas. En primer lugar, son poco transparentes; después, los ingresos que aportan a los medios son muy bajos y, en tercer lugar, favorece a los grandes grupos y deja sin margen de negociación a las pequeñas y medianas empresas informativas.

Ayudas para la prensa

Mientras, con el fin de aplacar las quejas de los medios, los dos gigantes tecnológicos han puesto en marcha iniciativas para ayudar financieramente a las empresas informativas, como Google News Initiative, un programa que reparte dinero entre los medios para formación y desarrollo de su digitalización, o el Meta Journalism Project, que forma a profesionales en el uso de nuevas herramientas en el ámbito periodístico y publicitario. Pero sus presupuestos son muy limitados. Por ejemplo, Google News Initiative ha destinado 189 millones de euros a proyectos de toda Latinoamérica entre 2018 y 2023.

Con todo, estas alianzas con Google o Meta serán útiles para las negociaciones que deben llevarse a cabo con las plataformas tecnológicas en el contexto de expansión de la IA, que utiliza contenido de noticias en sus grandes modelos de lenguaje. Porque, aunque la IA ofrece un panorama alentador para la información, de momento es la principal amenaza para la prensa. El informe Periodismo, medios y tecnología: tendencias y predicciones para 2024 del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford afirma que “el poder disruptivo de la inteligencia artificial se propagará este año por el espacio informativo, en tiempos de intensa volatilidad política y económica en todo el mundo. Las implicaciones para la fiabilidad de la información y para la sostenibilidad de los principales medios probablemente serán profundas en un año con elecciones cruciales en más de 40 democracias, y guerras que siguen haciendo estragos en Europa y Oriente Medio”.

El informe Reuters ha preguntado a los editores de prensa sobre esos acuerdos con empresas de IA. Es cierto que algunos “aspiran este año a acuerdos de licencia con las plataformas de IA”, pero a la vez no muestran excesivo optimismo respecto a un “reparto equitativo de los beneficios”. Alrededor de la mitad de los encuestados –un 48%– considera que “al final, habrá muy poco dinero para los editores”.

De momento, el sector sigue sufriendo en casi todo el mundo. Últimamente hemos conocido que la revista Sports Illustrated, un icono del periodismo deportivo en Estados Unidos, ha despedido a unos cien periodistas, la mayor parte de su plantilla, por sus problemas financieros, tras años de declive en las ventas. Y también Los Angeles Times, el diario más importante del Oeste estadounidense, despedirá a 100 periodistas, el 20% del total, por las dificultades financieras que atraviesa la empresa y porque “2024 será otro año con fuertes pérdidas”, según informó la empresa a los trabajadores. Es el mayor recorte de empleo que ha acometido el diario californiano en su historia. En España, parece que las grandes reducciones de personal se han terminado, pero la mayoría de las empresas informativas viven una economía de subsistencia, en la que siguen primando los recortes de costes frente a las inversiones para desarrollo de negocio.

Buscando nuevas fuentes de ingresos

En el pago por los derechos de autor, sea por las plataformas o por la IA, tienen los editores depositada su esperanza para conseguir los ingresos que el mercado les ha ido quitando. Por eso el resultado de la demanda de The New York Times contra OpenAI tiene tanta importancia. Si la Justicia estadounidense falla en favor del periódico se habrá abierto una vía que se extenderá por todo el mundo y obligará a tecnológicas a negociar de verdad con los medios para utilizar sus contenidos.

Pero mientras eso llega, hay que seguir “comiendo” día a día y las empresas informativas deben seguir buscando nuevas fuentes de ingresos. El Consejo de Europa acaba de publicar el informe Buenas prácticas para una financiación sostenible de los medios periodísticos, elaborado por 13 expertos internacionales del sector –académicos que no trabajan directamente en empresas de medios– que consideran imprescindible que las empresas periodísticas busquen nuevas fuentes de financiación porque con las suscripciones y la publicidad no garantizarán su sostenibilidad: “Una de las conclusiones más relevantes de este estudio es que, en la actualidad, el denominador común para la viabilidad de los medios de comunicación es la diversificación. Las formas hegemónicas de modelo de negocio siguen siendo la venta y la publicidad, pero han de respaldarse con otras, que, además, son cambiantes y no sirven para siempre», afirmó Ramón Salaverría, catedrático de Periodismo de la Universidad de Navarra y presidente del Comité de Expertos, durante la presentación del informe en la Asociación de la Prensa de Madrid el pasado mes de diciembre.

El informe del Comité de Expertos es categórico: las suscripciones –más la venta de ejemplares en las ediciones impresas– y la publicidad seguirán siendo las principales fuentes de ingresos para los medios, pero en absoluto asegurarán su estabilidad financiera y su rentabilidad. Y, al hilo de experiencias en algunos de los 46 países que forman parte del Consejo de Europa, proponen hasta trece métodos para conseguir o aumentar los ingresos.

Entre los distintos de las suscripciones y la publicidad, están las ayudas desde el sector privado, como donaciones, patrocinios o crowdfunding. El informe también habla de ingresos que llegarían desde el sector público, que van desde subvenciones directas de los presupuestos estatales hasta ayudas indirectas como los “bonos lectura de prensa” o desgravaciones fiscales de los gastos de suscripciones a medios, por ejemplo. Por último, el informe recoge los posibles ingresos por derechos de autor, que pagarían las plataformas tecnológicas que nutren sus servicios de los contenidos generados por los medios de comunicación.

Riesgo para la independencia

El grave problema, y así lo ponen de manifiesto los autores, es que muchas de estas fuentes de ingresos pueden atentar contra la independencia informativa. Los medios, dice el informe, necesitan “establecer políticas de autorregulación para garantizar la transparencia de las donaciones, incluida la divulgación de los importes de esas donaciones y los nombres de los donantes”. Y lo mismo respecto al dinero que llegue desde el sector público. Es necesario “mantener un alto nivel ético al recibir fondos de fuentes públicas y privadas. Esto incluye prácticas como reconocer los posibles conflictos de intereses, mantener el contenido publicitario separado del editorial mediante un etiquetado claro y revelar de forma transparente sus fuentes de financiación”. Será necesario, pues, establecer estrictos códigos de autorregulación del sector para proteger la independencia de las empresas informativas.

El periodista Víctor de la Serna comentaba hace unos días, en su columna de El Mundo, un libro recién editado por la Columbia University Press titulado Avoiding the News (“Esquivando las noticias”), escrito por los profesores Benjamin Toff, Ruth Palmer y Rasmus Kleis Nielsen, que indaga por qué tanta gente en todo el mundo evita leer, escuchar o ver noticias hoy en día. Concluía así De la Serna su comentario: “Dentro de la serie de recomendaciones que incluyen, los autores terminan con ésta: los medios informativos profesionales deben esforzarse por demostrar con hechos su independencia y fiabilidad para evitar esa falsa pero tan extendida categorización de que todos los medios están al servicio de los poderosos. Los públicos y los privados”.

(Artículo completo publicado en Aceprensa el 29 de enero de 2024)

El colosal esfuerzo que necesitará el mundo para cumplir con la COP28

Todas las instancias oficiales han recibido con euforia el principal acuerdo alcanzado en la cumbre sobre el clima que se ha celebrado en Dubái: los doscientos países firmantes se comprometen a “dejar atrás” el uso de los combustibles fósiles -petróleo, gas y carbón-, “de una manera ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica, con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050, de acuerdo con la ciencia”.

Pero según avanzan los días, los análisis que leemos en los medios sobre lo conseguido -que reflejan opiniones de los expertos- son más escépticos. “El acuerdo de la COP28 puede ser histórico, pero tiene salvedades”. Y Financial Times se preguntaba: ¿será el acuerdo de Dubái suficiente para el clima? En esta misma revista, Albert Vilariño, hablaba de un acuerdo histórico, sí, pero “limitado”. Salvedades, suficiente, limitado… Porque los objetivos propuestos en la COP28 son absolutamente exigentes, mientras que los medios para conseguirlos parecen exiguos.

En la cumbre se han movilizado más de 57.000 millones de dólares, que incluyen compromisos para el Fondo Verde para el Clima destinado a países emergentes. También se ha anunciado la creación de un fondo de 30.000 millones de dólares para soluciones climáticas globales, con el que se pretende conseguir una inversión de 250.000 millones de dólares para final de esta década destinados a financiar proyectos climáticos sobre todo también en países del Sur. Al acabar la cumbre, el diario Financial Times se hacía eco de esos 250.000 millones para financiar la transición energética, pero afirmaba que esta va a requerir “billones de dólares” y, en última instancia serán “los gobiernos nacionales, los bancos, los inversores y las empresas” los que decidirán si se cumplen los objetivos marcados. Veamos algunos números, desde el punto de vista de un lego en la materia, pero algo acostumbrado a las cifras.

Hoy día, querámoslo o no, los combustibles fósiles son imprescindibles para el crecimiento económico y el desarrollo mundial. Sin ellos, está claro que el mundo se pararía. Según el informe World Energy Outlook 2023 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el porcentaje de energía procedente de combustibles fósiles en el consumo total en el mundo fue del 80,3% en 2022, porcentaje que se ha mantenido constante en las últimas décadas. El desglose por tipo de combustible deja al petróleo como la fuente más utilizada, con el 31% del consumo mundial, seguido por el carbón, con el 27,2% y el gas natural, con el 22%.

Frente al 80% de los combustibles fósiles la AIE estima que el consumo de energía procedente de fuentes renovables -eólica, hidráulica, geotérmica y solar- ascendió al 30,1% del total, mientras que la nuclear supone el 5,6%. (Inciso: la suma del consumo por tipo de energía es superior al 100% por las pérdidas que se producen en la generación, transmisión y distribución de la energía). El objetivo de la COP28 supone darle la vuelta en 24 años al mix de energía actual. ¿Es factible?

Pues no parece fácil si tenemos en cuenta el lento crecimiento de las renovables en el mix de consumo de energía. La AIE dice que se ha tardado treinta años en llegar del 10% que representaban sobre el consumo total en 1993 a ese 30% de ahora.

Para alcanzar “cero emisiones netas” en 2050 -es decir, que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la actividad humana sean compensadas por las absorciones de GEI de la naturaleza-, es necesario reducir las emisiones de los combustibles fósiles al máximo posible. Y la única forma de conseguirlo es mediante su sustitución por fuentes de energía renovable. ¿Hasta qué participación tendrán que llegar las renovables en el consumo total de energía en 2050? ¿Podrá alcanzar el 60-70%? ¿Cuánto dinero ha costado llegar del 10% de 1993 al 30% actual? ¿Cuánto va a costar conseguir ese 60%-70% como mínimo en 24 años? “Billones de dólares”, dice Financial Times.

Pero al tiempo y a las inversiones, hay que añadir la política. Ahora mismo, China representa el 27% del consumo mundial de energía, Estados Unidos, el 17%: por detrás se sitúan India, con el 6,8% y la Unión Europea, con el 6,5%. Es decir, China y Estados Unidos serán los países que más esfuerzo deberán hacer para alcanzar el objetivo de triplicar el uso de energías renovables en 2030, es decir, en seis años.

China se halla inmersa en una seria crisis provocada por la caída del sector inmobiliario y el descenso de las exportaciones. Necesita volver a crecer a tasas más altas para que el paro no siga creciendo y para ello será imprescindible aumentar el consumo de energía, algo que hará con lo que pueda: combustibles fósiles si son necesarios. Y qué esperar de Estados Unidos si el próximo año y para los siguientes cuatro puede tener un presidente que en su primer mandato retiró al país de los Acuerdos de París. El esfuerzo necesario para llevar a la práctica los acuerdos alcanzados en Dubái se antoja casi inalcanzable. Esperemos equivocarnos.

(Publicado en Revista Haz el 4 de enero de 2024)