Las listas electorales

En estos momentos hay unas pocas personas en España -no más de dos o tres por partido político- a quienes se les puede calificar como las más poderosas del país: los encargados de confeccionar las listas electorales de cada una de las formaciones. Porque de esas listas salen los grupos políticos que aprueban las leyes en el Congreso y en el Senado. Unas leyes que, en mayor o menor medida, modifican comportamientos individuales y sociales.

Por eso, el proceso de elección de una persona u otra en una lista es una decisión trascendente en democracia. Para que nos entendamos: el martes pasado publicábamos en este periódico que ningún parlamentario del PP que se ha manifestado en este tiempo a favor de la reforma de la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón va a repetir en las candidaturas populares: ya se intuye, pues, que en la próxima legislatura el Grupo Popular no tiene intención de menear más este espinoso asunto.

Así funciona nuestro sistema electoral. Incluso a veces, es el jefe -y su camarilla- el que coloca a quien considera oportuno por encima de los órganos del partido, que se limitan a dar el visto bueno después. Tenemos casos en las últimas semanas. Uno es la irrupción de Irene Lozano como 'número cuatro' del PSOE por Madrid, aupada por Pedro Sánchez. Otro más reciente: Cristóbal Montoro está en la lista de la capital del PP porque lo quiere Mariano Rajoy y a pesar de Esperanza Aguirre. Hemos visto a ministros que han recorrido la mitad de la geografía nacional hasta dar con un paradero aceptable -para él y para el partido- aunque al final hayan conseguido, iba a decir la prebenda, del número uno en una circunscripción casi desconocida para ellos. Y los partidos jóvenes van aprendiendo esta costumbre de sus mayores. Ahí está la dimisión en bloque de la dirección de Podemos en el País Vasco como protesta por los colocados en las candidaturas desde el aparato central del partido.

Éste es el modelo que nos hemos dado en España desde 1978. Quizá porque por entonces era necesario fortalecer unos partidos políticos, neonatos unos, hibernados durante décadas otros, para que fueran desde el primer momento pilares firmes de la democracia naciente. Pero ahora esos partidos -sus cúpulas- acumulan demasiado poder, en detrimento en la práctica de la soberanía popular.

Eso no es bueno para la democracia. El caso de Ángel Gabilondo en las últimas elecciones autonómicas es muy significativo de lo pernicioso que resulta este modelo. Gabilondo fue un buen ministro de Educación -estuvo a punto de lograr ese ansiado pacto por la enseñanza, por ejemplo-, pero llegó a la candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por el PSOE impuesto por Pedro Sánchez tras desembarazarse de Tomás Gómez, el candidato natural del partido. El PSOE perdió esas elecciones. Se ha quedado sin el gobierno de Madrid y casi sin ejercer la oposición, porque Gabilondo, que debe de ser un magnífico profesor y, como digo, no lo hizo mal como ministro, no reúne las cualidades del líder que necesita morder a quien está en el poder para hacer oír la voz de su partido. Ahora el PSOE apenas suena en Madrid y eso es malo porque la Comunidad necesita una oposición fuerte.

La primera de las 40 propuestas para la regeneración democrática que ha lanzado EL MUNDO de cara al 20-D es una reforma del sistema electoral. Es fundamental lograr que los parlamentarios tengan que rendir cuentas ante sus electores. Porque ahora usted elige al diputado que alguien ha incluido en una candidatura, pero ese diputado no se debe a quien lo elige, sino a quien lo incluye en la lista.

@vicentelozano

(Publicado en El Mundo el 12 de noviembre de 2015)