Porque lo que acaba de derogar el Ejecutivo es el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que decía que puede extinguirse el contrato de trabajo «por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce». Un artículo que, es cierto, fue modificado por el PP en la reforma laboral de 2012, eliminando las referencias a la empresa -las condiciones variaban en función del número de trabajadores de la compañía- y, por tanto, hizo más fácil el despido del trabajador.
Pero lo que la propaganda oficial lleva a creer es que gracias al Gobierno de coalición, los trabajadores enfermos ya no podrán ser despedidos en este país. Y eso es falso. Lo que hace la derogación de ese artículo es dejar de considerar la concatenación de bajas una «causa objetiva» para extinguir el contrato laboral.
Esto significa que el despido se considera improcedente y en vez de indemnizar al trabajador con 20 días por año trabajado, obliga a pagar 33 días por año. No tienen razón, pues, ni Iglesias, ni Díaz, ni toda la propaganda oficial: el trabajador enfermo puede ser despedido ahora igual que antes, solo que al empleador le sale más caro. Es bueno que se diga la verdad al ciudadano para que no se enfade cuando se tope con la realidad.
Algo similar ha pasado con el expediente que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha abierto a siete intermediarios de alquileres como Idealista, conocido el miércoles. En esta ocasión ha sido el ministro de Consumo, Alberto Garzón, también de la parte gubernamental de Podemos, uno de los que ha comentado el asunto: «Incrementar beneficios especulando con el derecho a la vivienda. La CNMC estudia si Look & Find, Idealista y Remax inflaron con algoritmos el precio de la vivienda». Tampoco es así, con lo que el ministro, como mínimo, se ha precipitado.
Lo que la CNMC estudia es si ha habido concertación de precios en el servicio de intermediación de estos portales inmobiliarios: «Se ha inspeccionado la sede de varias empresas que prestan servicios de intermediación inmobiliaria y empresas proveedoras de software inmobiliario, por la fijación de comisiones para la venta y el alquiler de inmuebles», decía la CNMC cuando abrió el expediente.
Es decir, las empresas no «inflaron con algoritmos el precio de la vivienda», sino que se ponían de acuerdo en las comisiones que cobraban, restringían la competencia y obligaban al comprador a pagar más por su servicio. Una práctica que hay que perseguir si se confirma, pero ni Idealista ni los demás inflaron los precios de los pisos, como nos quieren hacer ver, sino los de sus comisiones. La repercusión en el mercado de la vivienda de esta práctica, insana desde luego, es mucho menor.
A los ministros hay que exigirles más rigor y menos propaganda fácil. Incluso si son de Unidas Podemos.
(Publicado el 21 de febrero de 2020 en El Mundo)