Podemos, claro y contundente

Hay que reconocer que a Pablo Iglesias y al resto de los líderes de Podemos se les entiende casi todo. Lo vemos en la propuesta formulada al PSOE para investir a Pedro Sánchez y formar un Ejecutivo estable. Iglesias no se anda con paños calientes. No sugiere. Marca su territorio: «Quiero la vicepresidencia y, con IU, más ministerios que el PSOE porque tenemos más votos».

Con la misma contundencia, aunque algo más escondido, Podemos plasma en el documento 'Un país para la gente' que ha presentado a las fuerzas políticas su intención, no ya de reformar la Constitución, sino de refundar el modelo de Estado que emergió en 1978, tal y como ha manifestado el partido desde sus inicios como movimiento. Es de agradecer esa transparencia que, al menos, hace que seamos conscientes de lo que Podemos quiere hacer de este país si algún día lo gobierna.

Algunos ejemplos. Una de las constantes del documento es la referencia a la «democracia directa», a la «vía popular», para cambiar las cosas. El texto más claro es el que se refiere a la propia reforma constitucional. Como legalmente se necesita el concurso del PP para cualquier modificación, Podemos considera que «cabría activar la vía popular (...); es decir existen derechos y garantías democráticas previstos en la Constitución española que permiten convocar un referéndum para iniciar el proceso». En definitiva, Podemos prevé saltarse a la torera el Congreso, sede de la soberanía popular..., invocando esa misma soberanía popular. Las referencias a la participación directa de los ciudadanos son constantes. En otro punto se lee que un «gobierno del cambio debe otorgar un papel directo a la ciudadanía en su derecho de participación en los asuntos públicos frente al poder económico». Otro caso: Podemos propone un Consejo Asesor Anticorrupción, dependiente de la Vicepresidencia de Iglesias, conformado por «movimientos asociativos civiles y personalidades de reconocido prestigio en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado». Piensen en la composición de ese consejo.

La preeminencia de lo público sobre lo privado y la necesidad de renacionalizar actividades económicas también quedan plasmadas con nitidez en el documento. Así, «el suministro energético recuperará su carácter de servicio público». En el campo de las telecomunicaciones propone «garantizar la coinversión pública en la infraestructura de fibra óptica y redes móviles que hasta ahora han sido impulsadas por empresas privadas y que han convertido estas infraestructuras fundamentales en bienes de titularidad exclusivamente privada». Atención, Telefónica. Y la educación concertada «seguirá financiándose con recursos públicos sólo en los casos en que sea necesario por insuficiencia de la oferta de la red» pública, olvidando así el artículo 27 de la Constitución.

Otro punto clave del documento de Podemos es la referencia a un nuevo modelo territorial que nada tiene que ver con el establecido en 1978. Podemos va mucho más allá de la cuestión catalana y considera necesaria «la aceptación del derecho a decidir en aquellas naciones que lo hayan planteado con especial intensidad».Añade que se «debe entender España como país de países» y pide una revisión de los contenidos educativos en materia de Historia y Ciencias Sociales que lleve a «superar la visión homogeneizadora de la historia de España». El documento reclama «la búsqueda de un nuevo encaje para todas las naciones, comunidades políticas y territorios (...), un proceso que debe partir del reconocimiento previo y específico de las diversas realidades nacionales». Todo está muy clarito. Nadie se puede llamar a engaño.

@vicentelozano (Publicado en El Mundo el 18 de marzo de 2016)