Son palabras de Gregorio Peces-Barba sobre el derecho a la objeción de conciencia para no cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía: "La objeción de conciencia se produce si la ley lo permite, algo que en España sólo es posible en el caso de la despenalización del aborto". Las pronunciaba hace poco más de un año en el Centro de Historia de la ciudad de Zaragoza.
El catedrático consideraba entonces que "embarcar a los niños y a las familias a que hagan objeción de conciencia es desobediencia civil", porque así se haría "daño al niño" que no vería terminado su ciclo escolar.
Doce meses después, ahora en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Peces-Barba ha afirmado que la Ley de Educación de Cataluña recientemente aprobada por el Parlament debe "dejar una puerta abierta" para los "objetores de conciencia" que no quieran que sus hijos "vehiculen" su educación en catalán y para aquellas personas que viven "coyunturalmente" en Cataluña y cuyos hijos han iniciado su escolarización en castellano.
No entiendo las dos varas de medir del catedrático de Filosofía del Derecho. O ha entrado en razones al considerar que la objeción de conciencia es un derecho que tenemos los españoles cuando una ley conculca planteamientos éticos, morales o religiosos o, con sus propias palabras, está llamando a la desobediencia civil en Cataluña. Es de esperar que la rectificación de sus planteamientos se deba a la primera razón.
Con todo, la discriminación que establece Peces-Barba es absolutamente intolerante y nada democrática: ¿por qué conceder a unos ciudadanos el derecho que se niega a otros?
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