Esperanza Aguirre descubre una estatua de
Luis Miguel Dominguín en Las Ventas, en mayo de 2008
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aceptado el reto que han lanzado los antitaurinos que debaten en el Parlamento catalán el futuro de la denominada fiesta nacional en esa comunidad autónoma. Eso es malo porque si los partidarios de los toros aceptan el debate en términos políticos, es muy posible que antes o después lo pierdan.
Siempre ha habido detractores de los toros en España. Pero eran grupos de naturalistas residuales -no es peyorativo, sino cuestión de números- que se manifestaban en pocas ocasiones y que no contaban para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Estos, les gustara o no el toreo, convivían con él sin ningún tipo de problemas. Los toros apenas entraban en el debate social. Hay toros, incluso se televisan y al que no le guste no va a la plaza o no ve la televisión. Sin más problemas.
Precisamente el gran acierto estratégico de los partidarios de eliminar la fiesta en Cataluña ha sido colocar el debate en el ámbito político. Han llevado al Parlament una iniciativa popular y serán los diputados los que decidan su futuro. Es perfectamente democrático, pero hacer de una costumbre tradicional y comúnmente aceptada en nuestro país una cuestión de aritmética parlamentaria es rebajar considerablemente su significado.
Por eso Aguirre no ha jugado bien sus cartas. Ya no es que la decisión de declarar bien de interés cultural la fiesta de los toros sea oportunista, es que los antitaurinos han conseguido que Aguirre acepte el debate político. La han llevado a su terreno de forma que, también en Madrid, el futuro de los toros va a depender de los políticos. Por ahora no corre peligro, pero que ocurrirá ¿con otra mayoría?
La fiesta de los toros apenas se discutía antes. Hoy está en cualquier debate. Es el primer triunfo de los que quieren que desaparezca.
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